La Cámara aprobó un proyecto de ley el viernes que refuerza los estándares de seguridad para la perforación frente a las costas, elimina un tope federal a las sumas que las compañías tendrían que pagar por los derrames petroleros e impone nuevas tarifas a la producción de petróleo y gas.

Los líderes demócratas saludaron el proyecto de ley como una respuesta al derrame de crudo en el Golfo de México y dijeron que aumentaría la seguridad de la perforación y sancionaría a las empresas petroleras como BP. A compañías con significativas violaciones de seguridad en los anteriores siete años se les prohibirán permisos para nuevas perforaciones.

Los republicanos y algunos demócratas de estados petroleros se opusieron a la medida, calificándola de una toma federal de poder que pudiera hacer subir los precios del combustible y eliminaría miles de puestos de trabajo en el país, debido a las nuevas tarifas y provisiones de responsabilidad.

El representante Nick Rahall, demócrata de Virginia Occidental, el principal patrocinador del proyecto de ley, afirmó que la legislación sería un tributo a los 11 trabajadores muertos en la explosión de abril, al crear nuevos estándares de seguridad para las perforaciones frente a las costas, terminando con las estrechas relaciones entre los reguladores del gobierno y la industria, y haciendo responsable de los accidentes a BP y otras compañías.

"Aunque no podamos saber la causa exacta del accidente, sabemos lo que contribuyó al mismo. Una cultura de cálidas relaciones que tenía a los reguladores haciendo entrevistas por puestos de trabajo en los mismos pozos que se suponía estuvieran inspeccionando'', afirmó Rahall, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara.

La legislación, que fue aprobada 209-193, todavía tiene que pasar al Senado, donde los desacuerdos partidistas probablemente demoren la consideración final de un proyecto de ley conjunto ambas cámaras hasta después del receso congresional de agosto.

El proyecto de ley de la Cámara eliminará el actual tope de $75 millones por daños económicos que las compañías tienen que pagar tras grandes derrames, y aumenta a $300 millones la responsabilidad financiera que los operadores frente a las costas tienen que enfrentar en la mayoría de los casos. También crearía nuevas tarifas de "conservación'' sobre el petróleo y el gas natural extraídos de lugares controlados por el gobierno federal.

Estas provisiones suscitaron duras críticas de los republicanos.

"De una manera típicamente demócrata, este proyecto de ley cobra demasiado en impuestos, regula demasiado y cuesta trabajos norteamericanos', dijo el representante John Mica, republicano de la Florida.

El representante Doc Hastings del estado de Washington, el principal republicano en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, declaró que eliminar el tope de responsabilidad pudiera devastar a los pequeños y medianos perforadores.

Hastings consideró las nuevas tarifas sobre la producción de petróleo y gas "un impuesto a la energía de $22,000 millones'' que costaría puestos de trabajo y haría subir los precios del combustible. La Oficina de Prespuesto del Congreso estima que una tarifa de $2 por barril de petróleo y otra similar sobre el gas natural pudieran recaudar $22,500 millones en la próxima década.

El viernes, la Cámara aprobó otro proyecto de ley que extendía la protección a los que denuncien condiciones peligrosas y otros problemas. Ese proyecto de ley se sumará a la legislación sobre el derrame petrolero cuado se remita al Senado.

"Una denuncia puede ser la diferencia entre un centro de trabajo seguro y una catástrofe'', indicó el representante George Miller, demócrata de California, patrocinador del proyecto de ley. "Ningún trabajador debe tener qwue optar entre su vida y su sustento''.

El representante Jay Inslee, demócrata de Washington, dijo que el proyecto de ley que establece nuevos estándares para la perforación y elimina el tope de la responsabilidad era lo menos que el Congreso podía hacer para responder a la reciente catástrofe.

Rahall aseguró que la legislación terminaría una actitud de "confiar pero no verificar'' la seguridad, donde los planes de perforación eran aprobados por los reguladores federales y, frecuentemente, la industria elaboraba sus propias reglas.

El proyecto de ley convertiría en ley medidas tomadas por el gobierno de Obama para dividir el antiguo Servicio de Administración de Minerales en tres partes, separando la seguridad y la regulación de actividades económicas como emitir licencias y cobrar derechos.

Desde el derrame de BP, la agencia ha sido rebautizada el Bureau of Ocean Energy Management, Enforcement and Regulation, y se ha nombrado un nuevo director, Michael Bromwich.

El American Petroleum Institute, un grupo comercial de la industria, dijo que el proyecto de ley de la Cámara eliminaría empleos, amenazaría la recuperación económica y pondría en riesgo la seguridad energética de la nación. La National Wildlife Federation y otros grupos ecológicos han dicho que el proyecto ayudaría a prevenir otras catástrofes.