Aun antes de la nueva y estricta ley de inmigración, bloqueada parcialmente el miércoles por una jueza federal, los policías de un solo condado de Arizona ayudaron a deportar a más de 26,000 inmigrantes de Estados Unidos por medio de un programa de colaboración entre autoridades federales y locales que ha sido censurado por sus numerosos problemas.

Estadísticas obtenidas por The Associated Press revelan que la oficina del alguacil de Maricopa ha sido responsable por la deportación o salida forzada de 26,146 inmigrantes desde el 2007.

Esa cifra representa la cuarta parte del total nacional de 115,841 deportados por las autoridades nacionales en 64 agencias policiales encomendadas a ayudar a aplicar las leyes de inmigración desde el 2006, según el llamado programa 287(g).

Las decenas de miles de arrestos de inmigrantes revelan que las autoridades locales ya tienen una cuota significativa de autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y ayudar a sacar a los indocumentados.

Arizona quería que hubiese más agentes habilitados para pedirles a las personas que demostraran que estaban legalmente en Estados Unidos bajo la ley que entra en vigor el jueves. Una juez federal de distrito, sin embargo, bloqueó las partes más controvertidas de la nueva ley.

Entre las porciones de la ley que fueron bloqueadas está una que requiere a los policías que pidan licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tienen razones para sospechar que una persona ingresó sin documentos, siempre y cuando los agentes estén aplicando otras leyes.

Sin embargo, como el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, es el funcionario policial de más alto rango entre todos los autorizados a ayudar a hacer cumplir dichas leyes, resta por verse qué pasará cuando Arizona dé a más agentes el poder de hacerlas cumplir.

Arpaio es objeto de una investigación federal acusado de violaciones a los derechos civiles, lo que niega.